Mujer

Sexo y poder: ¿Quién manda en la Argentina?

Que las mujeres ocupan sólo 2 de cada 10 puestos de máxima decisión en Argentina es una de las conclusiones del estudio que, 10 años después del primer relevamiento de los espacios de participación en la política, en la economía, la vida social y cultural y las instituciones de la democracia en el país, se actualizó este año con una ampliación de la cantidad de dimensiones relevadas debido a una mayor disponibilidad de información pública. De la realización del informe participaron Aileen Allen, Paula Magariños, Valeria Bonafede, Guadalupe González Campaña, Solana D’ Urzo y Sofía Bekerman desde Punctum.

“No son las mujeres las principales responsables de construir una sociedad más igualitaria. Sin embargo, han sido ellas las que permitieron la incorporación de ciertos temas en la agenda política”, sostiene Natalia Gherardi, Directora Ejecutiva de ELA. 

El relevamiento del Sexo y Poder 2020 muestra que hay espacios más esquivos que otros: los ámbitos legislativos siguen siendo los que en mayor medida han incorporado mujeres entre sus integrantes. Sin embargo, sostiene que cuando no hay normas que lo requieran, los mismos actores políticos no reconocen el valor de los liderazgos femeninos para las presidencias de bloques o las autoridades de las Cámaras. El informe destaca que el poder es una de las dimensiones en las que se expresa la base de la desigualdad entre varones y mujeres y que por lo tanto poner la lupa sobre su distribución en la esfera pública permite evidenciar avances y retrocesos en el camino hacia una inclusión real de las mujeres en toda su diversidad, en los diversos ámbitos de la vida social, política, económica y cultural del país. 

Usando el índice de participación de mujeres (IPM) comparativamente, el estudio encontró que en el 2010 era de 16%, es decir que de cada 10 puestos de máxima decisión, menos de 2 eran ocupados por mujeres. En 2020, en comparación, el IPM es de 18% porque las mujeres pasaron a ocupar 2 de cada 10 puestos de decisión. Por lo tanto, con una mayor disponibilidad de información pública, el IPM apenas creció cinco puntos porcentuales.

“Las mujeres sin duda hemos avanzado en la conquista de derechos, pero todavía no logramos concretar el mismo avance en el acceso a espacios de poder que en gran medida siguen estando vedados”, afirmó Natalia Gherardi y agregó: “Si bien sobran los ejemplos de mujeres que son referentes en todas las áreas, antes que la comprobación del logro de la igualdad, la posibilidad de nombrarlas es un indicador que nos recuerda que estamos todavía lejos de lograr el objetivo. Las podemos nombrar justamente porque todavía son muy pocas”.

Viendo en detalle los datos obtenidos se desprende que mientras la sociedad civil sigue siendo el ámbito en que más mujeres llegan a los lugares de decisión, el ámbito de la economía (considerando grandes empresas y cámaras empresarias) sigue siendo casi exclusivamente masculino, de la misma manera que los ámbitos sindicales, donde aún cuando existe una ley de cupo sindical que tiene casi 20 años de vigencia, se ha registrado un retroceso en el acceso de las mujeres a los lugares de máxima decisión. 

Si bien existe una ley de cupo sindical que tiene casi 20 años de vigencia, se ha registrado un retroceso en el acceso de las mujeres a los lugares de máxima decisión en esos ámbitos. 

La comparación entre las áreas estudiadas, según detalla el informe, permite identificar al menos tres circunstancias en las que mejora el acceso de las mujeres a los espacios de decisión: las medidas de acción afirmativa que son las que están encaminando una participación creciente y paritaria de las mujeres, el crecimiento destacado que se vislumbra en áreas como la sociedad civil y las instituciones culturales y políticas y la regresión percibida en las áreas de Defensa y Seguridad. 

Asimismo, la revisión en detalle de los datos muestra que no todas las mujeres tienen las mismas oportunidades.“Es necesario observar el fenómeno atendiendo a las distintas interseccionalidades que marcan una diversidad de barreras de acceso, experiencias y trayectorias de vida personales y profesionales”, sostiene el informe, que remarca que sigue sin haber una transversalidad en la presencia de estas mujeres y personas LGBTIQ+ y que se las suele asignar a puestos vinculados con su identidad de género, su pertenencia étnica/racial o su situación de discapacidad.

“Contar con instituciones que reconocen el valor de incorporar a personas del colectivo travesti-trans en puestos de decisión no sólo implica reconocer el valor simbólico y político de las trayectorias individuales y las luchas colectivas, sino también el valor que pueden aportar al ser parte de la definición de políticas públicas más igualitarias e inclusivas”, agrega. Para las autoras del informe, resulta preocupante que ni las mujeres ni los varones que ocupan lugares de decisión representan la diversidad de la sociedad en términos más amplios: personas LGBTIQ+, con discapacidad, afros, indígenas, están generalmente ausentes de los espacios en los que se toman las decisiones y las mujeres dentro de esos colectivos, más ausentes aún. Sostienen que las instituciones de un país democrático podrán representar mejor los intereses de la comunidad si se nutren de un intercambio de ideas y un debate público donde todas esas voces puedan estar presentes.

Las instituciones de un país democrático podrán representar mejor los intereses de la comunidad si se nutren de un intercambio de ideas y un debate público donde las voces de personas LGBTIQ+, con discapacidad, afros e indígenas,  puedan estar presentes.

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Sexo y Poder analiza el Índice de Participación de las Mujeres (IPM) en los puestos de mayor jerarquía de 11 áreas claves.