La cuarentena por el coronavirus reflejó hacia adentro de los hogares las mismas desigualdades que en la pre pandemia y para la población LGBTIQ+ también significó la reproducción de las violencias, la expulsión total en varios casos del mercado laboral informal y alejarse un poco más de la conquista de sus derechos. En 2021, las medidas de inclusión laboral son más urgentes y las estrategias territoriales, la clave para aplicarlas
María Pía Ceballos, activista y militante travesti trans afro indígena, analizó en diálogo con BAE Negocios que durante el 2020 se evidenció “la pobreza estructural” de estas personas vinculada a la necesidad alimentaria y la falta de ingresos económicos. Factores que “constituyen una amenaza específica para el desalojo de vivienda de las compañeras travestis y trans”.
“Muchas compañeras tuvieron que recurrir a la defensoría pública para poder llevar adelante recursos de amparo y que no las desalojen de las pensiones y hoteles donde viven que tienen altos costos pero tienen malas condiciones de vida”, explicó. Si bien los decretos 319/2020 y 320/2020 de abril prohibieron las expulsiones durante el aislamiento por falta de pago, por los bajos ingresos los contratos suelen ser informales y por lo tanto, por fuera de lo que ampara la normativa.
La precarización laboral de la población travesti trans es enorme: se estima que nueve de cada diez no tienen un empleo formal y que la mayor dificultad para este acceso es la discriminación por identidad de género u orientación sexual. “La población LGBTIQ+ en situación de prostitución fue la más afectada por la imposibilidad de poder trabajar”, indicó Ceballos.
Para las personas que sí están empleadas, el teletrabajo también significó una dificultad ya que “existe una brecha frente al acceso a las tecnologías” ya sea por la falta de dispositivos para comunicarse o por no tener el dinero para pagar el servicio de internet. “Necesitamos medidas que no sólo busquen proteger sino brindar estas herramientas a la población travesti trans para que no vuelva a quedar excluida de estos procesos de socialización”, expuso la activista de MTArgentina.
Durante la pandemia 5000 travestis y trans pudieron ingresar al plan Potenciar Trabajo, situación que estaba vedada durante la gestión de Mauricio Macri. A la vez, el Gobierno estableció por decreto el cupo laboral travesti trans del 1% para la administración pública nacional.
No obstante, aún se necesitan más políticas laborales para esta población. Para la también trabajadora de la subsecretaría de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad la clave está en las redes feministas construidas en los territorios previas y también las que a partir de la pandemia tomaron visibilidad.
“Lo importante es que las medidas que se tomen involucren varias jurisdicciones, municipios, organismos y que se tome en cuenta específicamente el liderazgo de las compañeras y compañeres de las organizaciones para pensar en un abordaje de estas políticas”, consideró.
Delfina Schenone Sienra, directora de políticas del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), por su parte, apuntó al sector privado: “En el ámbito de las empresas todavía hay muchas resistencias y mucha discriminación”.
“Hay un desafío enorme por apostar a la formación e inclusión de esas personas y también en términos de población LGBTIQ+, más allá de la identidad u orientación sexual tienen que haber mayores beneficios y derechos que den cuenta de su derecho a cuidad. Adaptar las licencias correspondientes ya sea de cuidador primario o secundario, tanto para nacimiento de hije como por adopción”, evaluó la integrante de ELA.
